Este nuevo marco normativo, obligará a las empresas a pagar íntegramente las indemnizaciones de 20 días a los trabajadores afectados por las extinciones de contratos en los despidos objetivos ejecutados por las PYMES (empresas de menos de 25 trabajadores), que aleguen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (Art. 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores), en lugar de los 12 días como abonaban hasta este momento (pagando los 8 restantes días el FOGASA), medida que se introdujo en la reforma laboral de 2010 llevada a cabo por el Gobierno, con el fin de aliviar la carga de éstas empresas.

   El Gobierno vuelve a recortar dentro del ámbito del Fondo de Garantía Salarial. Ya en 2012, se redujo por Real Decreto las prestaciones del FOGASA disminuyendo de 150 a 120 días el número de días de impago, y el salario base para el cálculo de la indemnización que bajó del triple del salario mínimo al doble.

   Esta última reforma, ha podido impulsar, en este final de año, los despidos que las pequeñas y medianas empresas preveían realizar para el primer trimestre de 2014, ahorrándose de éste modo el 40% de las indemnizaciones sus trabajadores.

  El Gobierno justifica la medida indicando, incluso en la propia enmienda, que lo que pretende es recuperar para el Fondo de Garantía Salarial su naturaleza de entidad de aseguramiento, limitando su intervención como institución de garantía en aquellos supuestos de insolvencia o concurso empresarial, desincentivando el despido y fomentando el mantenimiento del empleo.

   Diversos entes laboralistas mantienen que lo único a destacar por éste cambio es reducir el gasto público encareciendo el despido y, en definitiva, entorpecer los procesos de negociación.

Antonio Gea.